Buscan crear en Yucatán ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas

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Por Graciela Machuca Martínez*

El 17 de septiembre de 2019, la diputada al Congreso del Estado de Yucatán, María del Refugio Perera Salazar, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura y miembro de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos para el Estado de Yucatán, lo que representa un avance en la Península, luego que el Congreso de Quintana Roo, el 14 de mayo de 2017 a solicitud del Gobernador Carlos Joaquín, envio una iniciativa de abrogación, hace tres años a una ley de la materia que ya estaba vigente y hasta el momento, la actual legislatura mantiene en la congeladora, otra iniciativa surgida, y entregada el 4 de diciembre de 2019, como la anterior, del trabajo a través de talleres y seminarios de un importante sector del gremio periodístico quintanarroense.

INICIATIVA DE YUCATAN.

La iniciativa presentada en Yucatán por la diputada Perera Salazar, tiene muy buenas intenciones, pero está trunca, porque fue elaborada tomando en cuenta el modelo de la ley federal y le mutilaron aspectos fundamentales sobre la protección de quienes ejercen el periodismo y el derecho a defender derechos humanos en aquella entidad.

A un año que se hiciera pública esta iniciativa, el pasado 24 de septiembre, integrantes del Congreso de Yucatán decidieron ponerla a debate a través de la figura del parlamento abierto, junto con otras iniciativas, con criterios metodológicos muy rudimentarios, a tal grado que la participación ciudadana se hará por medio de la sección de contacto de la Página Web del Congreso.

El acuerdo tomado por las legisladoras y legisladores yucatecos consiste que el paquete de iniciativas que se turnarán al parlamento se difundirán en micrositios y foros de opinión virtuales, pero hasta el momento, la institución solo ha sido capaz de difundir una liga a la sección de contactos: http://www.congresoyucatan.gob.mx/#/pagina/parlamento_abierto consultada a las 21:30 horas del 29 de septiembre de 2020.

Tanto la protección a quienes ejercen el periodismo, como a quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos en el estado de Yucatán, son asuntos de interés público como los otros temas que se llevarán al parlamento abierto, por lo que el Poder Legislativo debe mostrar seriedad, profesionalismo, capacidad técnica y voluntad política para legislar conforme a derecho y dándole la oportunidad real a la ciudadanía para que participe.

Quien presentó la propuesta de que la iniciativa de Protección como otras se consultarán en parlamento abierto fue el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Felipe Cervera Hernández, por lo que la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó por unanimidad aplicar el procedimiento de Parlamento Abierto para la discusión de diferentes iniciativas en materia de feminicidio, así como la creación de la Ley de Amnistía del Estado.

Además, como parte del acuerdo, se debe crear un micrositio en la página web del Congreso a la iniciativa de Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad del Estado, así como otro micrositio y organizar un foro para la propuesta de crear la Ley para la Protección de los Derechos de los Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humano del Estado.

La intención de la diputada Perera Salazar es muy buena al querer legislar sobre protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero primero tendría que realizar un fuerte trabajo de cabildeo entre las diferentes fracciones parlamentarias para que se sumarán a su propuesta de ley, toda vez que Morena aún en minoría en ese Congreso.

Otro requisito que debe cumplir la legisladora morenista es asesorarse por expertos en el tema de protección, porque quien le elaboró la iniciativa es evidente que desconoce el tema, porque solo se avocó a retomar el texto de la ley federal y rasurarle artículos, para crear un mecanismo de protección, pero sin medidas claras y definidas las responsabilidades.

Si revisamos detenidamente la iniciativa veremos que es una mala copia de la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente actualmente en el país, después de quitar y poner les quedó una mesa con tres patas disparejas.

Considero que le hace falta seriedad a esta iniciativa, pero hay que darle el beneficio de la duda a la diputada Perera Salazar de que está dispuesta a incluir las voces de los grupos poblacionales a los que va dirigida una ley de esta naturaleza, que son las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

LA PROPUESTA PARA INTEGRAR UN INSTRUMENTO REALMENTE UTIL

Las y los colegas de Yucatán deben tener una participación activa en la elaboración de la iniciativa, a través de foros, talleres, seminarios, conferencias e intercambio de experiencias con los gremios periodísticos de otras entidades que ya tuvieron experiencias de participación ciudadana en la elaboración de una ley de protección y que en muchos casos fueron asesorados por los ahora exintegrantes de la Casa de los Derechos de Periodistas, Las leyes allí están en más de una docena de estados, no todas se aprobaron como se propusieron, pero la experiencia existe y hay que provecharla.
El trabajo de construcción de una ley de esta naturaleza debe estar encabezado por comisiones unidas para que haya el compromiso de los diferentes grupos parlamentarios en aprobar la iniciativa que salga, se trata de un gran reto y ese esfuerzo no puede quedar en una iniciativa mal elaborada que de llegar a ley sea inaplicable.

El plazo que vence el 9 de octubre durante el cual se activará el parlamento abierto es insuficiente para que la ciudadanía y principalmente periodistas y personas defensoras de derechos humanos se organicen para participar con propuestas que reflejen sus necesidades, así también, ese tiempo no alcanza para que el Congreso elabore una metodología profesional para que el funcionamiento del parlamento abierto sea eficaz, porque llamarle metodología a direccionar un liga a la sección de contacto de su página web no es una postura seria de una institución de tal magnitud como lo es el Congreso de Yucatán.

PERIODISTAS Y DEFENSORES DH DE YUCATAN MERECEN UN TRABAJO SERIO Y ETICO

Hay que revisar con un compromiso ético, jurídico y político, los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos, los casos que en materia de Libertad de Expresión, derechos de periodistas y del derecho a defender los derechos humanos, ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos que para México son jurisprudencia.

Además, de revisar las diferentes leyes de protección que se encuentran vigentes en el país, se debe realizar un diagnóstico sobre las condiciones reales en que desempeñan su labor las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esto implica que se involucren en todo el proceso legislativo, de lo contrario si se aprueba una ley será inútil como muchas otras que se han aprobado en el país.

MECANISMO FEDERAL EN CAOS

A este análisis comparativo se deben agregar las circunstancias en que se encuentra actualmente el Mecanismo Federal, así como el fideicomiso que financia las medidas de protección, que es posible que en estas horas pase a depender directamente de la Secretaría de Gobernación.

Para seguir legislando a nivel estatal en materia de protección hay que conocer e involucrarse en el debate que existe en el país, si debe seguir una ley federal o invocar a la Constitución Política para que sea una ley general la que opere en todo el país y así evitar que cada estado tenga un mecanismo de protección, siendo que las autoridades locales son las que más agreden a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Enhorabuena por esta iniciativa, manos a la obra para que la propuesta no solo quede en buenas intenciones.

* Graciela Machuca, periodista en el estado de Quintana Roo autora de la columna “Necesariamente Incómoda , consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.