Por Graciela Machuca Martínez*
La percepción de quienes vivimos en México sobre el respeto a los derechos humanos varía de acuerdo a como nos va en lo personal y en nuestro entorno, criterios a los que se les agrega sobre la información que tengamos sobre qué son los derechos humanos y cuáles las obligaciones que tiene el Estado mexicano para su respeto, promoción y defensa.
Las miradas desde el extranjero sobre lo que sucede en el país se van a interpretar de acuerdo a los motivos y metodologías que se utilicen, sin embargo, en México no podemos cerrar los ojos ante el cúmulo de violaciones a derechos humanos, porque de manera directa o indirecta somos víctimas, como sucede con los gremios de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Descalificar, sin previo análisis, las investigaciones que se hacen desde fuera del país, es aceptar que en los Estados Unidos Mexicanos ya no se violan derechos humanos porque así lo asume el gobierno federal en turno, sin tomar en cuenta que cada caso de falta de acceso a la justicia, al derecho a la salud, a la educación, a vivir en un ambiente sano, es una violación a derechos humanos.
La organización internacional Human Rights Watch, con sede en Nueva York, fundada en 1978, en su informe mundial 2021, al concluir la Trigésima Primera edición de la revisión anual de las prácticas y tendencias de derechos humanos en todo el mundo, analiza los acontecimientos ocurridos en el último año en más de 100 países, incluyendo a México.
En el apartado denominado Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, se dice que periodistas y defensores de derechos humanos —especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y grupos delictivos.
Para quienes estamos involucradas en la defensa y promoción de derechos humanos estas aseveraciones son pan de todos los días, porque tenemos las evidencias y la documentación de los casos es vasta, sin embargo, a todo gobierno le preocupa que desde el extranjero se le cuestione y se le califique como violador de derechos humanos, por las repercusiones no políticas sino económicas en el ámbito de los tratados comerciales.
GOBIERNO FEDERAL NO DESMANTELÓ RED DE ESPINOAJE DE PEÑA NIETO: HRW
Por ejemplo, el informe de referencia sostiene que existe evidencia de que “se está empleando vigilancia digital en espacios públicos, sin ningún tipo de marco jurídico ni supervisión para ello, de maneras que podrían tener un efecto amedrentador sobre la libertad de reunión y el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas”. El mismo señalamiento se le hizo, por diversas vías, al gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, hasta el momento, el gobierno federal no ha demostrado que haya desactivado la infraestructura de espionaje que utilizó su antecesor.
Otra afirmación ya conocida y reiterada es que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en la cantidad de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras. Según indica la CNDH, 24 periodistas han sido asesinados desde que López Obrador asumió la presidencia. En 2019, periodistas registraron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresiones. Ese sería el año con la cifra más alta registrada hasta el momento.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han documentado en otras ocasiones, como lo hace ahora, HRW que las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar agresiones contra periodistas ha iniciado más de mil investigaciones, presentado cargos en 217 casos de delitos y obtenido 14 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.
México también es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 20 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca son investigados ni juzgados.
En 2012, el gobierno estableció el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico y ayuda a periodistas a reubicarse temporalmente cuando surgen amenazas graves. Un estudio de 2019 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó los problemas que enfrentaba el Mecanismo para coordinar las medidas de protección, proporcionar recursos y establecer procedimientos claros. Seis periodistas han sido asesinados bajo la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia. En octubre de 2020, el gobierno eliminó el fideicomiso público que proveía los fondos para costear las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo, recuerda HRW.
EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS (CPJ) CUESTIONA AL MECANISMO DE PROTECCIÓN
Otra organización internacional que documentó la violencia contra periodistas en México durante 2020, es el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), quien de acuerdo a sus cifras, como mínimo cuatro periodistas fueron blanco de asesinato en 2020, y otro más fue muerto a disparos cuando informaba desde la escena de un delito.
El CPJ investiga la causa de, como mínimo, otros cuatro casos de periodistas muertos. Desde hace mucho tiempo, México ha sido el país más peligroso del hemisferio occidental para la prensa, que funciona en medio de una compleja red de bandas criminales, el narcotráfico y la arraigada corrupción oficial.
El reporte de la organización, también con sede en Nueva York, cuando el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018, se comprometió a tomar medidas concretas para poner fin a la violencia contra la prensa y a la inmunidad por el asesinato de periodistas. No obstante, este ciclo continúa inalterable, como el CPJ constató en la última edición de su Índice de Impunidad Global, que centra la atención en los países donde los periodistas mueren asesinados y los autores de tales crímenes están en libertad.
En la gran mayoría de los casos de asesinato, no se ha condenado a ningún acusado, según datos del CPJ, y los autores intelectuales permanecen libres. López Obrador ha interactuado muy raramente con el CPJ y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la sociedad civil, y en las conferencias de prensa que ofrece a horas tempranas de la mañana ha denigrado a los medios mexicanos, siguiendo el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump, una actitud que el gremio periodístico mexicano observa con preocupación por causa de los peligros que enfrenta, considera la organización.
El documento agrega, que por lo menos dos de los periodistas asesinados en 2020 se habían incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un programa federal que otorga medidas de seguridad a los periodistas amenazados; y en los dos casos, los guardaespaldas asignados a los periodistas también murieron, lo cual subraya las debilidades del mecanismo. En 2020, el Congreso mexicano adoptó medidas encaminadas a eliminar el fideicomiso federal por medio del cual se financian las medidas de protección y a transferir el control de esos fondos directamente a la Secretaría de Gobernación, lo cual los hace vulnerables a los caprichos políticos y el tráfico de influencias.
Uno de los periodistas que participaba en el mecanismo de protección era Pablo Morrugares. Después de su asesinato en agosto —en el cual fue baleado junto con su guardaespaldas, dentro de su propio restaurante en Iguala, en el sureño estado de Guerrero— un grupo de la delincuencia organizada envió amenazas a una gran cantidad de periodistas de la ciudad. En octubre, los periodistas les enviaron una carta abierta a las autoridades mexicanas, entre ellas el presidente López Obrador, que describía al detalle las amenazas y pedía protección. Uno de los periodistas declaró al CPJ: “Nunca los vi atacar y acosar a los medios como lo hacen ahora”.
LA MIRADA DE REPORTEROS SIN FRONTERAS DE LA SITUACIÓN DE LA PRENSA EN MÉXICO
Desde París, Francia, la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF), resalta, aunque, oficialmente no es escenario de un conflicto armado, México es uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa.
La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles.
Así, México continúa hundiéndose en una espiral de impunidad y violencia, lo que hace que siga siendo el país más mortífero de América Latina para los medios de comunicación. Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado, sufren amenazas, intimidaciones, pueden ser asesinados a sangre fría.
Numerosos periodistas han desaparecido en el país; otros, se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo. Andrés Manuel López Obrador había dicho que la lucha contra la corrupción sería una prioridad de su gobierno. Sin embargo, desde que llegó a la presidencia, en diciembre de 2018, no ha destinado los recursos necesarios para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra periodistas.
En el ámbito económico, existe una gran concentración en el paisaje audiovisual mexicano. Dos grupos, Televisa y TV Azteca, poseen casi todos los canales de televisión. Los numerosos medios de comunicación comunitarios a menudo carecen de frecuencias de difusión legales y son perseguidos por las autoridades.
México para 2020 apareció en el lugar 143 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, subiendo un lugar con respecto al año 2019 que se mantuvo en el lugar 144.
Desde la mirada de tres organismos internacionales, no estatales, esta es la realidad de las personas periodistas en México. Mientras tanto, quienes ejercemos el periodismo en este país, somo las víctimas de la censura, de la intimidación, del hostigamiento y todo tipo de agravios, que ya forman parte del quehacer periodístico, sin embargo, somos muchas personas periodistas que no estamos de acuerdo con el actual estado de cosas.
*Periodista en el estado de Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.