Periodistas de Iguala, en Guerrero, piden protección urgente

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Por Graciela Machuca Martínez*

En México siguen los asesinatos de periodistas, así como diversos agravios a quienes ejercemos el periodismo, tanto por particulares como por servidores públicos; quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos también son víctimas del poder cuando se convierten en obstáculo para los proyectos eléctricos, mineros, de extracción de hidrocarburos, explotación forestal y de aguas.

Con la designación por parte del Poder Ejecutivo Federal, a través de su mayoría en el Senado de la República, de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Ibarra Piedra, quien hasta el momento no ha dado muestras de conocer del tema, así como por los discursos recurrentes del presidente de la República violentando los derechos humanos de diversos sectores de la población, principalmente, de quienes disienten de sus opiniones y forma de trabajo, nos enfrentaremos en lo que resta de la presenta administración, cuatro años y dos meses y medio, a un estadio de estancamiento en la defensa, promisión y difusión de los Derechos Humanos, como lo establece el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

AGENDA PENDIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Ahora, más que nunca se deben visibilizar los puntos de la agenda nacional en materia de derechos humanos, si la lucha que dieron movimientos sociales y políticos durante los gobiernos panistas y priistas del año 2000 al 2018 fue intensa, se debe redoblar en estos momentos, cuando las prioridades del gobierno son otras, menos los derechos fundamentales de la población, aunado a la falta de un pensamiento crítico colectivo, lo que da pauta al fanatismo y autoritarismo.

Un aspecto de la vida nacional que no debemos perder de vista es la presencia de las fuerzas armadas en la vida civil en labores de seguridad pública, por ejemplo, pues la Guardia Nacional se h convertido en un apéndice del Ejército Mexicano, gran parte de la tropa y mandos medios y altos emigraron a la corporación policial y está en veremos que el próximo secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana sea un militar.

Hay que recordar solo algunos pasajes de la historia de los militares en países de Sudamérica, cuando no solo tuvieron poder político, sino también económico. Al Ejercito de México se le está dando poder político y económico, esto último a encargarle la construcción de obras civiles como las sucursales del Banco del Bienestar y los tramos 6 y 7 del Tren Maya.

JURISDICCIÓN MILITAR Y LA SENTENCIA DE LA SCJN

Por ello es de trascendencia y una llamada de atención, al pueblo de México, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya reconocido que los casos de homicidios durante actividades militares, donde ambas partes, el sujeto activo y pasivo, pertenezcan al ejército, competen a la jurisdicción civil y no a la militar, lo cual fue saludado por la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

“La Suprema Corte ha sido precursora en definir los límites de la jurisdicción militar en México de acuerdo con lo establecido en las normas y estándares internacionales. Las decisiones judiciales que refuerzan el alcance limitado, excepcional y restrictivo de la jurisdicción militar son positivas porque fortalecen la vigencia del principio fundamental de un sistema democrático, que es la supervisión civil de las Fuerzas Armadas”, de acuerdo lo expresado por Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de Michelle Bachelet.

La Oficina considera que este precedente judicial aproxima más el marco legal mexicano a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar.

Procedimientos especiales de la ONU, entre los que se encuentran el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Comité contra la Desaparición Forzada y el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han exhortado a México previamente a que la jurisdicción civil también sea la que aborde los casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra militares.

Al buscar la congruencia de los nuevos tiempos políticos que vive el país en los que se requiere una participación cada vez más activa de la ciudadanía en los asuntos públicos, representa una obligación difundir los argumentos de la sentencia de la SCJN para acotar la intervención militar en casos de homicidios donde presunto perpetrador y víctima son militares, los cuales son:

EL FUERO MILITAR ESTA ACOTADO POR LA CONSTITUCIÓN

El fuero militar sólo es competente para conocer de los delitos y faltas que atenten directamente contra la disciplina militar como principio organizativo de las Fuerzas Armadas;
El delito de homicidio no está relacionado con la disciplina militar, no afecta bienes jurídicos castrenses y no actualiza el fuero de guerra;La extensión de la jurisdicción militar en estos casos vulnera el derecho de los familiares como víctimas indirectas del homicidio al juez natural y al debido proceso (con independencia e imparcialidad), así como sus derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia.

La ONU-DH, por medio de un comunicado, reiteró su plena disposición para brindar la asistencia y cooperación técnica que necesite el Estado mexicano para el fortalecimiento de sus capacidades en materia de cumplimiento de recomendaciones internacionales sobre jurisdicción militar y otros importantes aspectos de derechos humanos.

PERIODISTAS DE GUERRERO LANZAN LLAMADO URGENTE DE PROTECCIÓN

Por medio de una carta fechada en Iguala, Guerrero, este 13 de octubre, periodistas que laboran en diversos medios de comunicación, solicitaron a diversas instancias del gobierno federal, como lo es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores, su intervención inmediata para brindarles protección, por urgencia y gravedad, porque realizan su actividad profesional en una ambiente de alto riesgo.

También piden la intervención del Fiscal General de la República, Alejandro Getz Manero, del fiscal estatal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones civiles y del pueblo de México.

Se trata de un llamado urgente para proteger su integridad física y el libre ejercicio del periodismo, para ello exigen “a las autoridades federales y estatales garantizar el ejercicio de nuestra noble labor. Emitimos una alerta porque estamos en riesgo, y si las autoridades no actúan al respecto, en los próximos días podría ser asesinado alguno de nosotros”.

El grupo de mujeres y hombres periodistas que decidieron unir sus voces para salvar sus vidas, exponen que en las últimas semanas, “en el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado en esta ciudad, hemos sido amenazados por medio de llamadas y mensajes a través de la aplicación WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, así como denuncias de abusos de autoridad por parte de corporaciones policiacas”.

Relatan que la noche del cinco de octubre hubo una amenaza generalizada contra el gremio periodístico de Iguala, “por parte de personas que se identificaron como miembros de un grupo criminal. Varios de nosotros recibimos llamadas telefónicas por medio de WhatsApp, en el contexto de una cobertura a la que asistieron horas antes algunos de nuestros compañeros, sobre una protesta en la Fiscalía Regional con sede en esta misma ciudad.

“Con palabras agresivas y ofensivas, a varios nos amenazaron de muerte y nos exigieron “no meternos” en la disputa que mantienen dos grupos del crimen organizado, acusando que la información que publicamos es tendenciosa. Ante esto, aclaramos que nosotros nos dedicamos estrictamente a informar.

Lo grave del asunto está en que, les advirtieron que “en las próximas semanas un integrante de nuestro gremio sería asesinado como Pablo Morrugares, compañero periodista acribillado el 2 de agosto de este año, pese a que contaba con medidas cautelares”.
El estado de indefensión, que viven estos colegas en Iguala, como en otras regiones del país es urgente tenderlo, por instancias ya no nacionales, sino internacionales.

En la carta también se lee lo siguiente: “A algunos nos llegaron a decir que nos harían “pedacitos” y enseguida nos enviaron mensajes que contenían algunas fotografías en las que aparecemos, indicando que todos estamos “ubicados”. En algunos casos, también nos amenazaron con atentar contra nuestros familiares.

“Esta situación nos mantiene preocupados por el incremento alarmante en los niveles de violencia en la región Norte del Estado de Guerrero, pero principalmente en los municipios de Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco.

“En la cabecera municipal de Iguala, el día 07 de Octubre del presente año, se registró una marcha “por la paz” por parte de ciudadanos y transportistas, a la que ya no se le dio cobertura por temor a las represalias que pudieran tomar los grupos delincuenciales.

EN IGUALA SOLO IMPERA EL SILENCIO Y LA INSEGURIDAD

“El silencio que se apoderó de Iguala ese día representa una mordaza para los medios de comunicación, lo cual consideramos, es un hecho gravísimo sobre todo en una ciudad en la que hace apenas seis años, fueron desaparecidos 43 estudiantes, y donde las autoridades prometieron regresar la paz y la tranquilidad.

“Evidentemente no hay un avance en materia de seguridad y mucho menos justicia en esta ciudad, pero ahora está en riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa, enmarcados en nuestra Constitución Mexicana, pero también los derechos humanos de quienes nos dedicamos a informar a la sociedad de lo que acontece en esta región.

“Ante esta situación, varios comunicadores hemos decidido solicitar apoyo a organismos defensores de periodistas y solicitar medidas cautelares. Queremos que volteen a ver la grave situación que estamos viviendo los reporteros y periodistas de Iguala.

“Sobre todo, hacemos un llamado urgente a las autoridades de seguridad y de justicia para que garanticen el ejercicio periodístico, y evitar que haya otro comunicador asesinado como se nos ha advertido.

“RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO MEXICANO si alguien de nosotros sufre algún atentado en los próximos días, pues le estamos exigiendo que de manera urgente se nos garantice la integridad física, la de nuestras familias y que se nos den las condiciones necesarias para poder seguir ejerciendo nuestra labor.”

Una voz que debe conocerse de inmediato es la del nuevo titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, quien sustituye a Aarón Mastache Mondragón, de quien ahora se confirmó que de derechos humanos no sabe nada y quizás en unos meses sabremos que es un ignorante en el área de recursos hídricos, pues lo nombraron subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

* Graciela Machuca, periodista en el estado de Quintana Roo, aurora de la columna “Necesariamente Incómoda, Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación