Celebra ONU-DH decisión de regular publicidad gubernamental en México

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Ciudad de México, 6 de octubre de 2021.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 308/2020 en contra de la Ley General de Comunicación Social, interpuesto por la organización Artículo 19.

El representante en México de esa entidad internacional, Guillermo Fernández-Maldonado, consideró que el uso discrecional de los recursos públicos que las autoridades han realizado durante años, en la práctica puede tener efectos equivalentes a la censura, por premiar o castigar a medios según sus posiciones.

“Por ello, la decisión de la SCJN es de suma importancia porque busca garantizar que los recursos públicos no sean utilizados con la intención de limitar la pluralidad y la diversidad de los medios informativos a los que tiene acceso la sociedad mexicana, conforme a los estándares internacionales”, comentó.

Expuso que la decisión de la Primera Sala del máximo tribunal del país determinó que la Ley General de Comunicación Social no cumplía con el artículo 134 constitucional, al omitir la inclusión de procedimientos y criterios que regularan el gasto en comunicación social y limitaran la discrecionalidad en la asignación de dicho gasto. Esta omisión legislativa contiene serios riesgos para la libertad de expresión.

Ante ello, el representante de la ONU-DH en México, afirmó que “el Congreso de la Unión tiene ahora la oportunidad, en su actual periodo de sesiones, de integrar en la legislación mexicana los estándares internacionales y las reiteradas recomendaciones internacionales dirigidas a México en materia de libertad de expresión, de forma que se asegure que los recursos destinados a la publicidad oficial estén efectivamente puestos al servicio de los intereses de la sociedad”.

Añadió que tal determinación no habría sido posible sin el incansable trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que nuevamente han jugado un papel esencial para garantizar la libertad de expresión en México.

“La legítima labor de quienes defienden los derechos humanos, haciendo uso de los recursos legales a su alcance, contribuye a consolidar que México sea un país de derechos como establecen las máximas normas nacionales e internacionales”, concluyó Fernández-Maldonado.

De acuerdo con información publicada en el portal de la ONU-DH, las Relatorías Especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron al Estado mexicano, en 2011 y 2018, regular la asignación de publicidad oficial conforme a criterios preestablecidos, objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios.

La ONU-DH alienta al Congreso de la Unión a dar cumplimiento a la decisión de la SCJN y reafirma su compromiso de continuar cooperando con el Estado mexicano en sus esfuerzos por la implementación efectiva de estas decisiones que sientan bases sólidas para avanzar en los derechos humanos.