Gobiernos del PAN, PRI y de MORENA, todos indolentes y cómplices de la violencia contra periodistas

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Graciela Machuca Martínez*

Cada que asesinan, amenazan, lesionan, desaparecen o acosan a una persona periodista perdemos una parte de nuestra dignidad e identidad como nación, porque somos un país con instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que garantizan la vida humana y la libertad de expresión, entre los demás derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero esa garantía es ficticia, es de “a mentiritas”, porque desde los tres niveles de gobierno se empeñan en que así sea.

Quienes ejercemos el periodismo, las personas defensoras de derechos humanos y otros sectores de la sociedad comprometidos con la democracia, estamos entre la espada y la pared, entre los delitos cometidos contra la libertad de expresión y las violaciones a los derechos humanos de libertad de pensamiento, opinión, prensa, expresión e información, violaciones que se extienden a los derechos a la protesta social.

Sin duda que los diversos tipos de censura que se dieron durante el hegemónico sistema priista, antes del año 2000, fueron perfeccionados durante los doce años de los dos gobiernos panistas a nivel federal y en diversas entidades federativas, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la censura fue un híbrido heredado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no ha hecho nada efectivo para romper la tendencia de violencia contra periodistas, sí, absolutamente nada, al contrario, con todo el aparato propagandístico del Estado, todas las mañanas se dedica a descalificar la función de la prensa; para él solo hay buenos y malos, los que están con él y contra él y se olvida de quienes hacemos periodismo por todo el país y que estamos convencidos que hacer periodismo no es halagar al poder, sino cuestionarlo.

ASESINATOS DE PERIODISTAS SIGUEN JUSTIFICANDO FINANCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES

Los asesinatos de periodistas siguen convirtiéndose en números, en estadísticas comparativas para elaborar los abultados informes de la mayoría de organizaciones que obtienen financiamientos para contar muertas, las cuales, hasta la fecha, han sido incapaces de incidir en las políticas públicas para que en México realmente se garanticen los derechos a la vida y a la libertad de expresión de las personas periodistas.

Ya se ha reconocido que históricamente los medios de comunicación y periodistas, al menos la mayoría, no han estado a la altura de las exigencias de la sociedad mexicana y por ello, ahora, muy pocos ciudadanos voltean a ver la violencia contra trabajadores de medios de comunicación que todos los meses enluta hogares, pero también la mayoría del pueblo tampoco voltea a ver la violencia contra las mujeres, contra niñas, niños y adolescentes, contra adultos mayores, poco interés se le pone a la discriminación a personas indígenas o con discapacidad.

INDIFERENCIA DE LA SOCIEDAD ANTE LOS DIVERSOS TIPOS DE VIOLENCIA

Por ello, no puedo concluir que la indiferencia social hacia los agravios a periodistas solo se deba a razones históricas, porque de ser así, tendríamos que ver cuál es la deuda que tienen los demás grupos vulnerables con una sociedad apática y omisa.
Cada que asesinan a una persona periodista se pierde la oportunidad de escuchar decenas o miles de voces que formaban parte de las fuentes informativas de esa mujer o de ese hombre periodista asesinado.

ISRAEL VÁSQUEZ RANGEL – GUANAJUATO

Israel Vásquez Rangel, de 31 años, reportero de un medio digital con sede en Salamanca, Guanajuato, fue asesinado a tiros, el 9 de noviembre, cuando llegó a la cobertura del hallazgo de restos humanos. ¿Cómo no llenarse de indignación, cuándo la presidenta municipal de esa ciudad, Beatriz Hernández, insinuó que fue el propio Vásquez Rangel quien se puso en riesgo al acudir a realizar su trabajo?, además, sus palabras demuestran que el estado de derecho, al menos en el municipio que dice gobernar, ya no existe.

“Ir a las cinco, seis de la mañana a cubrir una nota a ese lugar que sabemos todos es tan peligroso”, manifestó Hernández durante una conferencia de prensa. Periodistas que la escuchaban le aclararon que esa es la función de un reportero, ir a corroborar, a verificar un hecho, desde luego que esta servidora pública no tiene idea sobre el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, como un derecho humano.

ARTURO ALBA MEDINA (CHIHUAHUA) Y JESÚS ALFONSO PIÑUELAS (SONORA)

En menos de dos semanas han sido asesinados otros dos periodistas: Arturo Alba Medina, conductor de televisión en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinado a balazos el 29 de octubre; mientras que el 2 de noviembre, Jesús Alfonso Piñuelas, periodista, también se le arrebató la vida al ser atacado a balazos en el estado de Sonora.

El lunes nueve de noviembre, Israel Vásquez Rangel salió muy temprano a documentar un hallazgo de unas bolsas que contenían restos humanos. Fue llevado a un hospital, pero horas después dejó de existir. El martes 10 fue sepultado. Así como él, cientos de personas mueren todos los meses en México y tal parece que el gobierno solo tiene tiempo para minimizar la gravedad del fenómeno.

Un equipo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional fue asignado para esclarecer el homicidio, como ocurrió en el año 2015, cuando en el municipio de Comonfort fue asesinado Gerardo Nieto Álvarez en el interior de su oficina, sin que hasta el momento, la Fiscalía haya investigado sobre la identidad y los móviles de los autores materiales e intelectuales. Grupos políticos de Guanajuato estuvieron muy interesados que ese caso no se investigara y al parecer ganaron.

SINDICATO NACIONAL DE REDACTORES DE LA PRENSA (SNRP)

Por medio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en México, nos enteramos que La @IFJGlobal se unió al reclamo de justicia “y remarca la necesidad de mejorar y garantizar el acceso a los mecanismos de protección para todxs lxs comunicadorxs mexicanxs, quienes como colectivo son foco de la campaña #EndImpunity de la Federación”.
El mismo sindicato lanzó una alerta por la desaparición del periodista Víctor Manuel Jiménez del medio informativo Rotativa Digital, de quien se desconoce su paradero desde el día domingo primero de noviembre, por lo exigió al gobierno federal y al de Guanajuato la localización con vida del compañero reportero.

REPORTEROS SIN FRONTERAS SE UNE A LA EXIGENCIA DE INVESTIGACIÓN

La organización internacional con sede en París, Reporteros sin Fronteras (RSF) hizo un llamado a las autoridades locales “pero también a las federales, para que esclarezcan estas sórdidas ejecuciones y para que den prioridad a la pista profesional”, declaró el director de la oficina de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié.

“En los estados más contaminados por la corrupción y el crimen organizado, los periodistas cada vez son más vulnerables y están más expuestos a represalias. El gobierno mexicano debe comprender la magnitud de esta violencia y tomar decisiones valientes para detener la caza de periodistas, cuyas consecuencias son dramáticas para toda la sociedad mexicana”.

CASO DE PERIODISTAS AGREDIDOS EN CANCÚN SE CONOCIÓ EN A NIVEL GLOBAL

Reporteros sin Fronteras señaló que la periodista Cecilia Solís (Diario de Quintana Roo) y Roberto Becerril (La Verdad), resultaron gravemente heridos por disparos de arma de fuego, el 9 de noviembre, cuando realizaban una cobertura informativa durante una violenta intervención armada de la policía para dispersar una manifestación feminista en la ciudad de Cancún (Estado de Quintana Roo).

En tanto que los periodistas Santiago Hernández Rodas, de la agencia Quadratín, y Selene Huidrobo, del grupo Sipse TVCUN, también sufrieron malos tratos por parte de las fuerzas del orden.

LA CIDH TAMBIÉN INTERVIENE ANTE EL GOBIERNO DE MÉXICO

Desde Washington, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los asesinatos de Arturo Alba Medina, Jesús Alfonso Piñuelas Montes y de Israel Vázquez Rangel. La Relatoría instó al Estado mexicano y a su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial la autoría material e intelectual de los crímenes y determine el vínculo que podrían tener con la actividad periodística.
Además, llamó al Estado a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista en línea con las recomendaciones realizadas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México.

*Periodista en el estado de Quintana Roo, autora de la columna: “Necesariamente Incómoda”, Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.