Ciudad de México, 10 de agosto del 2020.- A pesar que el mundo se encuentra en emergencia sanitaria, derivada de la pandemia mundial por la COVID-19, en México la violencia en contra de las y los comunicadores no cesa, hasta la fecha suman cuatro trabajadores de la comunicación asesinados en lo que va del 2020, tres de ellos se registraron durante el confinamiento.
De acuerdo con organizaciones defensoras de la libertad de expresión a nivel nacional, con o sin estado de emergencia, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; muestra de ello es la cifra de periodistas asesinados el año pasado, que ascendió a por lo menos 11, así como decenas de ultrajes que van desde las amenazas, intimidaciones, obstaculización de trabajo periodístico, hasta abierta censura y secuestros.
El primer asesinato ocurrió en Michoacán, en contra de Fidel Ávila Gómez, locutor de radio en La k-Buena, quien después de 40 días de estar desaparecido, su cuerpo sin vida fue hallado en el municipio de San Lucas, en los límites de los estados de Michoacán y Guerrero. La Fiscalía General del estado de Michoacán confirmó, que Ávila Gómez, fue encontrado el 7 de enero del año en curso, cerca del basurero municipal de San Lucas con múltiples impactos de bala.
Días antes, la directora editora Mireya Ulloa Valencia, del medio La Opinión de Poza Rica, en el estado de Veracruz, fue apuñalada en la madrugada del pasado 11 de marzo afuera de su domicilio; el ataque fue directamente relacionado a la labor que ejerce la periodista, según organizaciones de protección de periodistas y libertad expresión.
Sumado a lo anterior, el 27 de marzo, Jorge Gilberto Parra Moguel, esposo de la Senadora por Quintana Roo, Freyda Maribel Villegas Canché, atacó y amenazó al director del medio Desconecte Ciudadano, Raúl Fernández León, en Benito Juárez Quintana Roo; más tarde, en una página web se publicó información desprestigiando y criminalizando al comunicador.
El 30 de marzo en el estado de Veracruz, se registró el segundo atentado, en contra de la reportera y directora del portal Quinto Poder, María Elena Ferral Hernández. A la periodista la balearon en las calles de Papantla, Veracruz, horas más tarde se notificó su muerte. Según versiones de Fiscalía General del estado, a la también corresponsal de medios locales, la atacaron dos sujetos que le dispararon en cinco ocasiones con un arma calibre 45, cuando se dirigía a su automóvil, después de abandonar la oficina de la notaria número seis.
En abril, se registró un asesinato más, la Fiscalía General del estado de Guerrero informó que el 8 de abril fue encontrada en la colonia Ciudad Renacimiento, en el puerto de Acapulco, Guerrero, una extremidad cefálica que correspondía con la identidad del periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez, quien era director del portal de noticias Punto por Punto Noticias; el comunicador se encontraba desaparecido desde el 2 de abril del año en curso.
A pesar de las promesas de los funcionarios de gobernación de la actual admiración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de erradicar la violencia en contra de quienes ejercen la libertad de prensa, la tarde del 16 de mayo sujetos asesinaron con arma de fuego a Jorge Miguel Armenta Ávalos, propietario y director general del grupo editorial Medios Obson en Cajeme, Sonora.
El director Armenta, fue interceptado cuando salía de un restaurante por sujetos desconocidos, los cuales abrieron fuego directamente contra él y sus escoltas asignados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, donde fue incorporado desde el 2016 por amenazas relacionadas con su labor informativa, ya que el medio que dirigía trataba temas de seguridad y justicia, los cuales incomodaban a quienes concentran el poder en dicha región.
Finalmente, el pasado 2 de agosto el director de la página PM Noticias, Pablo Morrugares Parraguirre, fue acribillado a balazos junto con su escolta, el policia estatal Roberto “N”, en los primeros minutos de este domingo cuando cenaba al interior de un establecimiento comercial, en la calle de Aldama, municipio de Iguala, Guererro (Sureste de México).
Ante ello, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) ha condenado los ataques y amenazas a las y los periodistas y exigido a las autoridades competentes, investigar con claridad y eficacia los hechos, para castigar a los autores materias e intelectuales de los mismos.