Graciela Machuca Martínez*
Hay documentos y análisis serios sobre la política y el comportamiento de la sociedad mexicana que se realizan desde visiones globales y que en el país no se les pone atención porque no surgen de los grupos políticos y económicos que se disputan el poder, por ello es de gran importancia, sumar al debate nacional sobre la libertad de expresión lo que dice la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo privado que aglutina a la mayoría de los periódicos más influyentes del continente.
Antes de que inicie su 76 asamblea anual en la que participan propietarios de medios (21-23 de octubre 2020), la SIP dio a conocer la investigación denominada Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, que se realizó con información generada de abril de 2019 a mayo de 2020 en 22 países de la región, en la cual México se encuentra en el nivel 10 con un total de 55 puntos de 100 que contempla la metodología del referido índice.
En el resumen ejecutivo del capítulo sobre México, http://www.indicedechapultepec.com/indice/11/informes.pdf se lee que si bien, “no puede afirmarse que la libertad de expresión esté amordazada, algunas acciones institucionales del Estado mexicano tienden a condicionarla con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la sociedad en general”.
El índice dado a conocer a inicios de esta semana, advierte que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “ha marcado la agenda informativa de los medios de comunicación, con un protagonismo exacerbado, en cuyos discursos los ha estigmatizado y descalificado. Las acciones de los poderes legislativo y judicial han sido más omisas que diligentes y se han distinguido por estar alineados al poder ejecutivo”.
Podemos están de acuerdo o en desacuerdo con este análisis, pero uno de los principios de la libertad de expresión en la pluralidades e inclusión de opiniones, por lo que negarse a la diversidad de ideas es contra natural a la libertad de expresión y conduce al fanatismo, plataforma social ideal para dar pie al autoritarismo.
Según el Índice sobre Libertad de Expresión y Prensa de la SIP, con 55 puntos de cien, “México ocupa el décimo primer sitio de los 22 países del Continente Americano comprendidos en la investigación sobre la influencia de las acciones institucionales de los tres poderes del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión. Con base en los resultados de la encuesta a periodistas y expertos, se reconoce que México es un país en el que se vive un clima relativamente favorable al ejercicio de la libertad de expresión, pero bajo condiciones que han incidido negativamente en su ejercicio”.
“Predominan las acciones del entorno del Poder Ejecutivo, que, en lugar de robustecerla, ha producido efectos negativos en contra de ese derecho, sin que ello exima de responsabilidad por omisión a los poderes Legislativo y Judicial. Este entorno es en el que se producen las mayores afectaciones en contra del ejercicio de la libertad de expresión en México. Estas consecuencias negativas son resultado de los modos autoritarios y sordos que han distinguido a la comunicación gubernamental”, se argumenta en el estudio.
Para la SIP, la política comunicativa del gobierno del presidente AMLO se ha destacado por la discrecionalidad con la que se asignan recursos públicos en el gasto de publicidad oficial, bajo un esquema ideológico que establece a los amigos y enemigos del presidente. Esto va acompañado con sus correspondientes 3 acciones a favor y en contra de medios de comunicación y periodistas, en un contexto de crisis de la comunicación pública atravesada por flujos de información imprecisa, noticias falsas y polarización. México pasa por una crisis derivada de las políticas públicas en materia económica, política y social que se ha agravado por la pandemia del Coronavirus Sars-Cov-2, en un ambiente de pobreza e inseguridad social general, y de los periodistas en particular.
El poder Ejecutivo es el peor calificado por los expertos consultados con la influencia moderada promedio de 4,65 puntos en situaciones adversas a la libertad de expresión, mismos que están muy por encima de los obtenidos por los otros dos poderes. Los puntos arrojados en este entorno revelan que éste ejerce una fuerte influencia negativa en el ejercicio de la libertad de expresión en el país. La dimensión peor valorada por los expertos fue la C, referida a la violencia e impunidad, particularmente en la subdimensión relacionada con la persecución de periodistas, con una influencia en situaciones desfavorables de 8,1 puntos, considerada muy fuerte.
De igual manera, pero con un puntaje menor, se encuentra la influencia de este entorno en la dimensión A, referida al flujo de información y de la libre expresión, con una valoración negativa de 5,61 puntos, considerada como de influencia fuerte.
Con base en los resultados del estudio, la influencia del entorno legislativo en situaciones desfavorables a la libertad de expresión es moderada con casi tres puntos (2,99). Las acciones del poder legislativo en su mayoría han sido de carácter discursivo. Dentro del período que se analiza no se identificaron iniciativas de Ley orientadas a la actualización y mejoramiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de libertad de expresión. Sin embargo, las calificaciones de los expertos sobre este entorno subrayan la Dimensión C, relativa a la violencia e impunidad contra los periodistas, como la más omisa. La falta de responsabilidad institucional de este poder se señala en los temas sobre protección a periodistas (6,4 puntos) e impunidad (5,6 puntos).
Los expertos consultados en este estudio asignaron al entorno judicial una influencia menor, de 2,87 puntos, doce décimas por debajo del entorno legislativo (2,99 puntos). Con un grado de influencia negativo moderado, este entorno sí aumenta su impacto en las dimensiones C y A. En la dimensión C, referida a Violencia e Impunidad, recibió 4,23 puntos con un fuerte señalamiento en las subdimensiones sobre protección de periodistas y acciones contra la impunidad, con 5 puntos en ambas. Respecto de la dimensión A, relativa a las acciones a favor de una sociedad informada y al ejercicio de la libertad de expresión, destacó el señalamiento sobre las acciones a favor de los flujos de información, con 3,08 puntos.
Sobre las acciones en materia de protección a los periodistas, la situación de años anteriores no ha cambiado, sino que se ha agravado en razón del aumento de asesinatos a periodistas. Esta situación se ve reflejada en la valoración que los expertos consultados hicieron sobre esta dimensión. De 42 puntos máximos, el puntaje fue de 12. De abril de 2019 a mayo de 2020 se han registrado en México 12 homicidios de periodistas. Sobre la subdimensión concerniente a la protección a periodistas, los expertos calificaron este renglón con 6,4 de 10; en lo relativo a persecución de periodistas el resultado fue de 0 sobre 15, en tanto que en impunidad la valoración fue de 5,6 puntos de 17.
Como se observa para elaborar este documento se diseñaron instrumentos metodológicos para realizar el análisis y se entrevistó a periodistas, directivos, propietarios, expertos y a usuarios, quienes por medio de las encuestas dieron sus puntos de vista sobre la Libertad de Expresión y Prensa que tenemos en México. A la sociedad mexicana nos corresponde ahondar en el debate y en la elaboración de propuestas que nos permitan ciudadanizar las soluciones a las restricciones que tenemos en la materia.
(*)Graciela Machuca, periodista en el estado de Quintana Roo, aurora de la columna “Necesariamente Incómoda, Consejera suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación